Por Alejandra Ramírez -
3/12/2014
Ed. Impresa Los tiempos
Opiniones desde el CESU
Sin llegar a los niveles de México, donde desparecen
constantemente personas mientras se encuentran pozos de muerte y horror (el
último caso de los 43 estudiantes desaparecidos es sólo una muestra), lo cierto
es que hoy en Cochabamba es difícil
escuchar noticias sin sentirse sumergidos en una serie de crónica roja que nos
cubre con manto de inseguridad y malestar.
¿Qué pasó con esa tranquila ciudad primaveral de antaño?
Lanzo a continuación, y a modo de abrir el debate, cuatro
explicaciones que intentan ir más allá de la visión simplista según la cual la
pobreza explica –y justifica– la violencia.
Uno: indudablemente –y aunque no sea políticamente correcto
decirlo– el incremento de flujos migratorios hacia la región es un factor que
debe tomarse en cuenta. Se trata de poblaciones que llegan a lugares donde no
disponen de una infraestructura mínima de servicios básicos y que deben
reestructurar sus relaciones sociales, adaptarse a –o chocar con–distintos
patrones culturales y enfrentar nuevos desafíos –físicos y psicológicos– que
los lleva en muchos casos a asumir actitudes hostiles predispuestas hacia la
violencia en entornos también plagados por todo tipo de inseguridades.
Dos: la ruptura de un contrato social mínimo a favor de la
instauración de un cada vez más fuerte proceder autoritario a todo nivel. Por
un lado, autoridades públicas o representantes organizacionales que mandan e
imponen sin informar ni tolerar cuestionamientos; por otro, ciudadanos que
escondidos bajo la figura –o lo anónimo– de lo colectivo, cometen
constantemente actos de violencia mediante manifestaciones, bloqueos, insultos
u otras modalidades mal llamadas “política de las calles”, donde los
perjudicados son siempre los que circunstancialmente se encuentran entre los
más débiles ya sea por número o por posición política, religiosa, étnica (o no
étnica).
Tres: políticas públicas que priorizan el control y la
aplicación de sanciones en vez de la prevención y enfatizan en un
fortalecimiento de la Policía Nacional, entidad paradójicamente denunciada en
muchos casos como un principal semillero de violencia (intrafamiliar o
ciudadana, lo que se refleja en el abuso, la corrupción o la cotidiana
circulación de coimas).
Cuatro: el incremento del narcotráfico y, en general, de la
economía subterránea (que incluye, entre otros también al contrabando) que,
como toda economía ilícita, que ya forma parte de las mismas estructuras
institucionales de la sociedad, produce brotes constantes de violencia tanto
interindividual como intracomunal.
Mientras no se discutan abiertamente estas problemáticas,
buscando incidir en la construcción de comportamientos ciudadanos alternativos,
seguiremos tendiendo, vertiginosamente rápido, hacia la reproducción, con su
propia metafísica popular, de lo que sucede en ese gran país centroamericano.
La autora es socióloga
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